Cuadernos de derecho para ingenieros VIII

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34.-Tras las últimas reformas en materia de gobierno corporativo, se ha regulado con más detalle el Consejo de Administración de las sociedades de capital –especialmente de las sociedades cotizadas–, al objeto de exigir una mayor idoneidad de sus cargos, fijar las exigencias de los consejeros y dotarle de una estructura más transparente y eficiente.

Desde esta perspectiva, el Cuaderno 34 (“El Consejo y sus comisiones) analiza, en primer lugar, la organización del Consejo de Administración, centrándose en el papel de sus cargos tradicionales –esto es, del presidente, del vicepresidente, del secretario y del consejero delegado– en el buen gobierno de las sociedades cotizadas.

Seguidamente, se aborda el estudio de los deberes de los consejeros, los cuales tienen encomendada la tarea fundamental de gestionar y desarrollar el negocio que justifica la razón de ser de una determinada sociedad.

Asimismo, se exponen las características, el funcionamiento y las competencias de la tradicional comisión ejecutiva o delegada, que constituye un órgano colegiado fundamental en el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas y en el que el Consejo de Administración puede delegar todas las facultades que la ley le permite.

Finalmente, a la vista de la obligación de las sociedades cotizadas de constituir ciertas comisiones internas, se destinan una serie de capítulos a la comisión de auditoría y cumplimiento, a la comisión de nombramientos y a la comisión de retribuciones. Igualmente, se analiza la comisión de responsabilidad social corporativa, de constitución voluntaria.

Hay que recordar que las anteriores comisiones se insertan en el seno del Consejo de Administración, reproduciendo y extendiendo su actuación en una serie de cometidos que se circunscriben a un ámbito concreto de actuación. En este sentido, tomando en consideración la amplitud y complejidad de las tareas encomendadas al Consejo de Administración de una sociedad cotizada, estas comisiones resultan imprescindibles para lograr su funcionamiento eficiente, transparente y especializado.

Lo anterior exige que sus integrantes sean consejeros que tengan unos conocimientos y una experiencia curricular específica que posibilite que la comisión de la que formen parte resuelva de manera especializada los problemas de gestión o de control que se plantean en un ámbito diferenciado de la compañía.

35.- El Cuaderno 35 lleva por título “La creación de valor de la marca como estrategia de buen gobierno corporativo“. La Reputación Corporativa de una compañía es el conjunto de percepciones que tienen sobre la empresa los diversos grupos de interés con los que se relaciona tanto internos (accionistas, trabajadores) como externos (proveedores y clientes). Esta hecho determina que la Reputación Corporativa tenga un efecto económico inmediato sobre la compañía al condicionar los comportamientos de accionistas, empleados, clientes y proveedores, lo que se materializa, entre otros aspectos, en el valor y reconocimiento que la marca o las marcas de la empresa alcanzan en el mercado.

En la Primera Parte de este Cuaderno se estudia la importancia que la reputación corporativa o creación de valor de la marca adquiere como principio de buen gobierno de las empresas.

En la Segunda Parte, se describen los distintos instrumentos jurídicos que tutelan ese valor y prestigio de la marca.

El análisis no se limita al valor de la marca como derecho de la propiedad industrial (lo que vendría delimitado por la protección que dispensa la Ley de Marcas), sino que cubre un ámbito más amplio, referido al crédito y prestigio (la reputación) de la empresa, lo que supone la posibilidad de accionar también en el ámbito de los derechos fundamentales, cuando se producen ataques contra derechos como el del honor de las personas jurídicas o en el ámbito de las normas de competencia desleal, cuando esos ataques tienen por finalidad distorsionar el funcionamiento eficiente de los mercados de tal forma que las decisiones de mercado no sean adoptadas por criterios objetivos derivados de las prestaciones y servicios que se comercializan.

36.- El rescate e intervención de ciertas instituciones financieras durante la última crisis financiera por parte de los organismos reguladores provocó un cambio en el funcionamiento del sistema financiero internacional tal y como se venía conociendo. Este cambio ha dado lugar a una proliferación legislativa y búsqueda de soluciones poco común en el mercado financiero y ha permitido la irrupción de actores y tipos de financiación alternativos. Asimismo, las entidades de crédito han tenido que buscar o relanzar alternativas que complementen su negocio habitual con el fin de mantener su cuota de mercado, potenciando productos que si bien ya existían, su utilización en los últimos años se ha visto incrementado de manera exponencial.

Teniendo en cuenta lo anterior, la finalidad del Cuaderno 36 (Aproximación a diferentes modalidades de financiación) es ofrecer al lector a través de los diferentes capítulos una aproximación, desde un punto de vista práctico, a los diferentes tipos de financiación disponibles en el mercado en la actualidad.

Con el fin de ofrecer al lector una mejor comprensión del funcionamiento y las características de los tipos de financiación más sofisticadas que se tratan en el presente Cuaderno, se parte de una breve introducción en la que se explica la diferencia y el funcionamiento del contrato de crédito y del contrato de préstamo así como sus principales características. Se incluye, asimismo, una explicación detallada de aquellos tipos de financiaciones más conocidos en el mercado como pueden ser la financiación para la adquisición, la financiación apalancada o las financiaciones de las líneas de circulante en sus diferentes modalidades (entre otros, el descuento comercial, el crédito documentario o el factoring), así como otros tipos de financiaciones que, si bien no son tan frecuentes como los mencionados, sí han tenido gran repercusión durante los últimos años como puede ser la financiación encubierta conocida como sale and lease back y el direct lending. Por último, en el Cuaderno se dedican unos capítulos a aquellas financiaciones estructuradas que en los últimos años han adquirido o van adquiriendo mayor popularidad como pueden ser las financiaciones de pidiregas o financiaciones a la exportación, que de tan gran ayuda han sido para parte de las sociedades españolas durante los últimos años en su proceso de internacionalización, financiaciones de activos –asset financing– y financiaciones para la adquisición de activos cotizados margin call.

37.- La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (LJV) trae consigo una notable desjudicialización de asuntos propios de la jurisdicción voluntaria, que pasan ahora a ser encomendados a los letrados de la administración de justicia, a los notarios y a los registradores de la propiedad y mercantiles. Y junto a la desjudicialización, la nueva Ley opta por la alternatividad: la competencia de los letrados, notarios y registradores, como regla general, se configura con carácter concurrente, de modo que son muchos los supuestos en que un mismo asunto puede ser tramitado indistintamente ante cualquiera de estos profesionales.

En definitiva, la jurisdicción voluntaria contempla la función de estos operadores jurídicos para decidir sobre la base de normas y procedimientos legalmente establecidos y en relación con materias no directamente controvertidas pero que requieren de su autoridad para que puedan producirse determinados efectos jurídicos. De esta forma, el legislador decide si un asunto ha de ser resuelto por la vía contenciosa o como expediente de jurisdicción voluntaria, pudiendo replantearse la cuestión en un proceso de jurisdicción contenciosa cuando estemos ante decisiones en el ámbito de la jurisdicción voluntaria.

La LJV contiene un conjunto de normas generales que resultan aplicables en todos los expedientes de jurisdicción voluntaria, siempre y cuando no se establezca una norma especial. Esas normas generales se contienen tanto en el Título Preliminar, que lleva por rúbrica Disposiciones generales, como en el Título Primero que lleva por rúbrica “De las normas comunes en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria”. Las normas de este Título Primero pretenden constituir una suerte de procedimiento general de jurisdicción voluntaria, esto, es, la secuencia de actos de que ha de estar compuesto un procedimiento normal o estándar de jurisdicción voluntaria (y a salvo las especificidades de cada expediente en concreto).

Partiendo de estas normas generales, el Cuaderno 37 pretende abordar la desjudicialización de cuestiones mercantiles en la LJV, estructurándose sobre la base de analizar, en primer lugar, determinados aspectos de naturaleza patrimonial (fijación de plazo para el cumplimiento de obligaciones, reclamación de deudas no impugnadas y ofrecimiento de pago; depósitos en materia mercantil y venta de bienes depositados), otros conectados a aspectos contables (exhibición de libros, documentos y soportes contables) o a materias jurídico-societarias (convocatoria de juntas generales y asambleas de obligacionistas; robo, hurto o extravío de títulos valores o de representaciones de partes de socios; supuestos de reducción de capital y amortización o enajenación de acciones o participaciones; y disolución judicial de sociedades), además de cuestiones relativas al nombramiento y revocación de auditores, interventores o liquidadores, así como nombramiento de peritos en los contratos de seguros.

38.- El Cuaderno 38, que lleva por título Derecho Administrativo, contiene el estudio de las categorías básicas del Derecho Administrativo; un sector del ordenamiento jurídico que se caracteriza por ser el conjunto de normas y principios generales que regulan la actuación de las Administraciones públicas.

En este Cuaderno se intenta explicar, entre otras muchas cosas, qué entes, dentro de los muchos y muy diversos que integran el sector público, son, en sentido estricto, Administraciones públicas y cuáles no lo son, aunque sean entidades creadas por éstas o de su propiedad; qué significa que las Administraciones públicas tienen que respetar el principio de confianza legítima o el de proporcionalidad; qué son los actos administrativos y los Reglamentos; cuándo, por qué y a través de qué recursos podemos impugnarlos; qué es el silencio administrativo, con el que, tarde o temprano toda persona, física o jurídica, se encontrará algún día; cómo tienen que notificarnos sus actos las Administraciones públicas; cómo pueden, y como no deben, sancionarnos; cómo pueden otorgarnos subvenciones o concesiones; cuándo y en qué condiciones pueden exigirnos autorizaciones como requisito previo al ejercicio de una actividad; cómo, por qué motivos y con qué consecuencias pueden revocarnos la autorización o la concesión que un día nos otorgaron; cuándo y por qué podemos solicitar a las Administraciones públicas una indemnización por los daños y perjuicios sufridos; o hasta dónde pueden llegar los Tribunales de justicia cuando controlan la legalidad de la actuación administrativa.

La publicación de este “pequeño” Manual de Derecho Administrativo cobra especial sentido porque el día 2 de octubre de 2016 entraron en vigor dos nuevas leyes que constituyen la esencia del Derecho Administrativo y que contienen la regulación de la mayor parte de los temas que son objeto de estudio en este Cuaderno: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector público